El Consejo de Estado consideró ajustadas a derecho las multas y la suspensión de la inscripción como intermediaria en el Registro Nacional de Valores que impuso la Superintendencia Financiera a Interbolsa. A juicio del alto tribunal, la comisionista infringió las normas del mercado público de valores, excedió sus facultades al invertir en acciones sin autorización previa de sus clientes y creó una realidad aparente o artificial poniendo en riesgo el mercado (C. P. Martha Teresa Briceño de Valencia).