La Cámara Baja de Argentina aprobó un paquete de leyes de “defensa del consumidor”, como las definió la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que modifican la Ley de Abastecimiento de 1974 y crean el Observatorio de Precios y del Servicio de Conciliación Previa en las Relaciones de Consumo (Coprec).

De acuerdo con estas normas, el Gobierno podrá fijar márgenes de utilidad y precios de referencia, y sancionar a quienes remarquen injustificadamente los precios, acaparen mercancías o se nieguen a la venta de productos.

Las personas que incumplan la normativa serán multados hasta con 10 millones de pesos (1,18 millones de dólares), suma que deberán cancelar antes de interponer recursos contra la decisión. Quedan excluidas de su ámbito de aplicación las pequeñas y medianas empresas “que no posean una posición dominante en el mercado”.

El Coprec, como organismo técnico, monitoreará, relevará y sistematizará los precios y la disponibilidad de insumos, bienes y servicios producidos, comercializados y prestados todo el país.

De esta manera, el Ejecutivo podrá “intervenir en estados previos de la cadena de valor, sin contacto directo con el consumidor, fijando márgenes de utilidad, precios de referencia, así como niveles máximos y mínimos de precios”.

Los precandidatos presidenciales Sergio Massa (Frente Renovador) y Hermes Binner (Frente Amplio Unen) coincidieron en que impulsarán la derogación de la norma. Los jefes de los principales bloques opositores cuestionaron su constitucionalidad, afirmando que establece una intervención estatal excesiva y ahuyenta la inversión.

(Con información de La Nación y Clarín)