En audiencia ante la Corte Constitucional, Gobierno explicó medidas en materia de salud

En una audiencia pública de rendición de cuentas ante la Corte Constitucional, representantes del Gobierno presentaron el panorama del sector salud y expusieron las medidas para dar cumplimiento a la Sentencia T-760 del 2008, emitida para contrarrestar las graves falencias del sistema.

En su intervención, el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, anunció recursos adicionales para el sector por un billón de pesos, para antes finalizar el 2011, y el fortalecimiento de las redes hospitalarias. También aseguró que en noviembre de este año estará actualizado el plan obligatorio de salud (POS) y que en el 2013 toda la población colombiana estará incluida en los planes de beneficios.

Por su parte, el ministro (e) de Hacienda, Bruce Mac Master, se refirió, entre otros asuntos, a los mecanismos para reducir la evasión y la elusión al sistema y a las medidas para racionalizar el gasto por concepto de servicios no POS.

Según el funcionario, la expedición de varias resoluciones a finales del 2010 y en lo que va corrido del 2011 le representará al Estado menores pagos por concepto de recobros con cargo a los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía (Fosyga) por alrededor de 600.000 millones al año.

También recordó que la implementación de las juntas técnicas científicas de pares, creadas por la Ley 1438 del 2011 (reforma a la salud), desincentivará prácticas que han venido generando recobros de procedimientos y medicamentos no necesarios.

En cuanto a los mecanismos para reducir la evasión y la elusión, Mac Master destacó la puesta en marcha de la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social, el control de los montos de cotización de los trabajadores dependientes, medidas de retención para garantizar el pago de cotizaciones de los independientes con contratos de prestación de servicios y la obligatoriedad del suministro de bases de datos por parte de las entidades administradoras de información del sistema.

Entre tanto, el superintendente nacional de Salud, Conrado Adolfo Gómez, anunció la creación de un sistema de monitoreo de vigilancia preventiva, que busca adoptar decisiones y medidas sancionatorias antes de que se produzcan los daños.

Gómez también se refirió a la implementación del proceso sancionatorio abreviado, para facilitar y reducir los tiempos en la toma de decisiones cuando los usuarios interpongan derechos de petición.

En cuanto a la corrupción en el sector, aseguró que ese problema no se resuelve con inspección, vigilancia y control, sino con un menor número de actores, para que el dinero llegue directamente a los prestadores y se garantice la oportuna atención de los afiliados.

Crítica de la Procuraduría

La Procuraduría General de la Nación consideró que las decisiones del Ejecutivo no son más que formalismos y que la deficiente calidad de los servicios revela la constante transgresión del derecho a la salud.

El procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, reiteró la necesidad de disminuir el número de intermediarios para la atención integral de los pacientes, de generar mecanismos para blindar las instituciones estatales del clientelismo y de establecer políticas de compromiso con los actores públicos y privados que rijan las decisiones y acciones en materia de salud.