CPI desestima cargos contra presidente de Kenia

La Corte Penal Internacional (CPI) decidió no juzgar al presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, por crímenes contra la humanidad supuestamente cometidos tras las elecciones del 2007 en ese país. Kenyatta había sido acusado de violación, homicidio, persecución, deportación y otros crímenes, como “copartícipe indirecto”, en la ola de violencia que siguió a los comicios, que dejó más de un millar de muertos.

La Oficina del Fiscal de la CPI sostuvo que no se tienen suficientes evidencias para probar la responsabilidad penal del mandatario africano, “más allá de toda duda razonable”, y lamentó la falta de cooperación de Kenia para sacar adelante la investigación. “Se privó a las víctimas del derecho de conocer plenamente lo que sucedió en 2007-2008. Además, se socavó nuestra capacidad de realizar una investigación exhaustiva; se impidió que los jueces realizaran sus funciones cruciales de evaluar las pruebas y determinar la verdad”, señaló.

En efecto, el pasado 31 de marzo, la CPI pospuso el juicio contra Kenyatta, “para tener más tiempo para considerar las peticiones de las partes”. El objetivo era “dar tiempo al Gobierno keniano para que proporcionara ciertos registros financieros y de otro tipo relativos a Kenyatta, que la Fiscalía había solicitado previamente, al considerar que eran importantes para la acusación central del caso”.

En el 2012, la CPI confirmó los cargos y la apertura de un proceso por crímenes contra la humanidad en contra de Kenyatta, a quien se acusó de subvencionar las revueltas que provocaron masacres durante la campaña electoral 2007-2008, y de orquestar los ataques que tuvieron lugar en el Valle del Rift. En estos hechos, más de 1.100 personas perdieron la vida y más de 600.000 fueron desplazadas de sus hogares. A pesar de las acusaciones, Kenyatta se impuso de forma mayoritaria en las elecciones presidenciales de marzo del 2013.

El abogado de Kenyatta, Steven Kay, afirmó que la Corte y sus fiscales “deben disculpas por iniciar una demanda basada en testigos falsos”. Por su parte, Fergal Gaynor, abogado de las víctimas de la violencia poselectoral en Kenia, acusó al Gobierno de bloquear a la Corte: “La búsqueda de justicia por parte de las víctimas se ha visto cruelmente burlada en Kenia (…). Las víctimas creen que el fiscal puede hacer mucho más para llevar al banquillo siquiera a algunos de los autores”, indicó.

La terminación del proceso es un duro golpe para la Fiscalía de la CPI, que ha iniciado nueve investigaciones, desde su creación en el 2002, todas en África. Actualmente, siete investigados están presos, y 13 siguen en libertad, a pesar de las órdenes de arresto que pesan sobre ellos, incluyendo al presidente sudanés Omar al-Bashir, el rebelde ugandés Joseph Kony y Seif al-Islam Gadafi, el hijo del difunto dictador libio Muamar Gadafi.

(Con información de El País y AP)