Comisión de la Verdad en Bolivia debe ser un primer paso para la justicia: Amnistía Internacional

El anuncio del gobierno de Bolivia de retomar un proyecto para la creación de una comisión de la verdad sobre los crímenes cometidos durante los gobiernos militares en el país (1964-1982) debe ser un primer paso en el largo camino para garantizar justicia y reparaciones a todas las víctimas.

Así lo advirtió la ONG Amnistía Internacional, tras señalar que “ahora, las autoridades deben asegurar que quienes ordenaron y cometieron estas violaciones a los derechos humanos sean llevados ante la justicia y que las víctimas reciban reparaciones integrales. Ni ellas ni la sociedad en su conjunto merecen nada menos”.

Tras una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, celebrada en Washington el pasado 19 de marzo, el subprocurador de Defensa y Representación Legal de Bolivia, Pablo Menacho, anunció la formación de una comisión interinstitucional, con el fin de desarrollar un proyecto de ley que cree una comisión de la verdad, con la participación de la sociedad civil.

“Se conformará una comisión interinstitucional que incluye a la sociedad civil a objeto de revisar la legislación comparada y experiencias de otros países en la creación de comisiones de la verdad, como la de Argentina, Chile y Brasil, con el objetivo de enriquecer el proyecto de ley para que sea considerado por los asambleístas para su aprobación”, afirmó Menacho.

En diciembre del 2013, el Senado boliviano aprobó el proyecto de ley para la conformación de la comisión de la verdad, que no completó su trámite en la Cámara de Diputados. Según datos de organizaciones de derechos humanos locales, miles de personas fueron detenidas arbitrariamente y torturadas durante los sucesivos gobiernos militares en Bolivia.

Este país vivió 18 años de dictaduras militares y gobiernos de facto, siendo los más cruentos los regímenes del general Hugo Banzer (1971-1978), fallecido en el 2002, y el del coronel Luis García Meza (1980-1981), que desde 1995 cumple una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto.

Se calcula, además, que al menos 150 personas fueron víctimas de desaparición forzada y que 40 personas habrían sido detenidas en otros países de la región y posteriormente desaparecidas en el contexto del Plan Cóndor, coordinado por las cúpulas de varios regímenes dictatoriales de Suramérica con el fin de eliminar a opositores y disidentes durante la década de los setenta.

Otras comisiones

En febrero pasado, con el fin de avanzar en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la dictadura militar que tuvo lugar entre los años 1973 y 1985 en Uruguay, el presidente electo, Tabaré Vázquez, anunció la creación de una comisión para investigar esos delitos.

La comisión analizará los archivos existentes, realizará un seguimiento del cumplimiento de sentencias proferidas a nivel local e internacional contra el Estado uruguayo y hará un registro de los testimonios de las víctimas de delitos lesa humanidad.

(Con información de Amnistía Internacional)