En aplicación del artículo 27 de la Ley 1473 del 2012, el carácter reservado de la información no será oponible a las autoridades judiciales ni administrativas. En este sentido, el Consejo de Estado precisó que la Contraloría General de la República, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales de control fiscal, tiene la facultad de consultar información financiera que afecte el patrimonio público. En el caso en estudio, la Sección Primera consideró que dicha entidad debía conocer la información reservada recaudada por la Unidad Administrativa Especial de Información y Análisis Financiero (UIAF), en especial el reporte de operaciones sospechosas en los casos del denominado “carrusel de la contratación” de Bogotá, los contratistas Nule, Proyectar Valores, Saludcoop, AIS el fraude a la DIAN (C. P. María Elizabeth Garcia Gonzalez).