El Consejo de Estado improbó el acuerdo conciliatorio celebrado entre la BP Exploration Company Colombia Limited y el Ministerio de Ambiente que pretendía revocar las resoluciones que exoneraban a la sociedad de aportar 1 % del total de la inversión para la recuperación, preservación y vigilancia de una cuenca hidrográfica (Ley 99 de 1993, art. 43, parág.), correspondientes al proyecto relacionado con las líneas de flujo del Campo Cusiana – Copiagua Fase I. Según la Sección Primera, no se demostró el “agravio injustificado” (Código Contencioso Administrativo, art. 69, num. 3), aducido por las partes como fundamento del acuerdo. Por el contrario, señala el fallo, “los actos administrativos que se acordaron revocar por vía de conciliación parten de un presupuesto jurídico, el cual no se advierte aplicado sin motivo, razón o fundamento que evidencie la ilegalidad de la decisión y genere un agravio injustificado (C. P. María Elizabeth García).