La Función Pública determinó las competencias para los cargos de archivista en las diferentes entidades del Estado y los niveles de la administración pública, a través de la Resolución 629 del 19 de julio del 2018, en desarrollo de la Ley 1409 del 2010, por la cual se reglamenta el ejercicio profesional. Dentro del perfil de competencias específicas requerido para el desempeño de los empleos que tengan asignadas funciones de archivista en las entidades públicas se encuentran: manejo de información y de los recursos; uso de tecnologías de la información y la comunicación; confiabilidad técnica y capacidad de análisis. Las competencias definidas en la norma deben incorporarse en el manual específico de funciones y de competencias laborales de las respectivas entidades u organismos, para lo cual hay un plazo de seis meses para efectuar las adecuaciones que correspondan.