El Ministerio de Transporte radicó ante la Cámara de Representantes un régimen de infracciones administrativas en materia de transporte y su infraestructura. El sistema propuesto definiría la forma de graduar las sanciones y multas, dependiendo de la gravedad del asunto, el impacto a terceros y otros aspectos. Además, se cambiaría el nombre de la Superintendencia de Puertos y Transporte por el de Superintendencia de Infraestructura y Transporte.