Por los actos de corrupción cometidos en Colombia y reconocidos por el grupo empresarial Odebrecht, el Ministerio de Transporte, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), la Superintendencia de Transporte y la Superintendencia de Industria y Comercio han iniciado 10 acciones, entre judiciales y administrativas. La sociedad ha causado al país enormes perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales, más el daño ético y moral, corrompiendo diferentes niveles de la administración pública. El 6 de agosto del 2019 se profirió laudo en el que se reconoció que la única cifra que adeuda la ANI a la Concesionaria Ruta del Sol SAS es la suma de $ 211.273’405.561, cifra que debe ser puesta a disposición del patrimonio autónomo para que se paguen las acreencias de los terceros de buena fe, hasta donde alcance. El pasado 4 de octubre se interpusieron nueve recursos de anulación en contra del laudo arbitral y el Estado está preparando su oposición a los mismos. Los recursos serán resueltos por el Consejo de Estado, trámite cuya duración se estima en ocho meses.