Mediante el Decreto 2500, el Gobierno acaba de autorizar a las entidades territoriales para contratar la administración de la prestación del servicio público educativo con cabildos, autoridades tradicionales indígenas y asociaciones de estas, cuyos componentes fortalezcan su cultura, lengua y cosmogonía. Para la celebración de los contratos, las organizaciones indígenas deberán acreditar experiencia e idoneidad en la dirección y administración de establecimientos educativos o en atención educativa a población indígena y presentar una propuesta educativa integral en el marco del proceso de construcción e implementación del sistema educativo indígena propio y de acuerdo con el contexto sociocultural de la población indígena donde se va a desarrollar. En ningún caso, los entes territoriales contraerán obligación laboral con el personal de dirección, administración y docente que contraten tales organizaciones, advierte la norma.