En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación anunció que abrió una investigación en contra de varios funcionarios del Instituto Penitenciario y Carcelario (INPEC) por las presuntas irregularidades que se presentaron durante el traslado de Emilio Tapia. 

Tapia, quien es investigado por el escándalo de Centros Poblados, caso con el cual Colombia habría perdido alrededor de $ 70 mil millones, fue trasladado en los últimos días desde la cárcel de Ibagué (Tolima) a Barranquilla (Atlántico), proceso que de acuerdo con el ente de control presenta irregularidades en el trámite. (Lea: Cuatro errores jurídicos en el caso de Centros Poblados)

Al parecer, el traslado del interno habría sido autorizado por un juez de Malambo (Atlántico), y pese a que el INPEC en primera medida apeló la decisión, posteriormente remitió otro correo electrónico en el cual acepta la movilización sin oposición alguna.

Por tal motivo, el Ministerio Público, con el apoyo de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales, practicará las pruebas necesarias para establecer si se presentaron irregularidades en los trámites y demás aspectos que generaron el traslado del recluso.

Es importante mencionar que Tapia había sido trasladado a la cárcel La Picaleña, en Ibagué, luego que el Ministerio de Justicia asegurara que estaría realizando negocios mientras se encontraba recluido en La Picota.