La Corte Constitucional declaró exequible la norma del Código General del Proceso que impone las condiciones para el trámite de expedientes relacionados con indemnizaciones, compensaciones o el pago de frutos o mejoras, específicamente sobre la necesidad de que se expongan razonadamente los argumentos de la restauración a favor del actor (artículo 206 de la Ley 1564 del 2012). Para la corporación la medida es viable, pues impone frenos a la presentación de acciones temerarias y evita la materialización del fraude. Allí se contempla la sanción atribuible a quien presente solicitudes de evidente desproporción. Según la determinación, esta norma no limita el acceso a la administración de justicia. Sin embargo, la Sala Plena estableció que aunque la petición sea exagerada, si se demuestra que fue basada en la buena fe, no habrá lugar a medida sancionatoria (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).