En reciente concepto, la Procuraduría General de la Nación concluyó que la permisión para continuar las actividades agropecuarias de bajo impacto que se vienen desarrollando en las zonas de páramo delimitadas, haciendo uso de las buenas prácticas que cumplen con los estándares ambientales y en defensa de estos ecosistemas, es respetuosa de la Carta Política de 1991 y del mandato constitucional de protección al medio ambiente. El Ministerio Público solicitó a la Corte Constitucional la exequibilidad del inciso tercero del artículo 10 de la Ley 1930 del 2018, por medio de la cual se dictan disposiciones para la gestión integral de los páramos en Colombia.