Mediante decreto, el Ejecutivo designó como representante legal de los derechos del río Atrato, su cuenca y afluentes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, según lo ordenado en la Sentencia T-622 de la Corte Constitucional. En la mencionada sentencia, el alto tribunal, en el ordinal cuarto, reconoció al río como sujeto de derechos a la protección, conservación, mantenimiento y restauración a cargo del Estado y las comunidades étnicas y ordena al Gobierno que ejerza la tutoría y representación legal de los derechos del mismo, en conjunto con las comunidades étnicas que habitan en la cuenca del afluente.