La estrategia aprobada con el Documento Conpes 3958 remplaza el Conpes 3859 (Política para la adopción e implementación de un catastro multipropósito rural-urbano), el cual avanzó en la implementación de la fase piloto pero no logró consolidar ajustes estructurales para la ejecución de la política, debido a limitaciones en la realización de ajustes legislativos. Para ello se sugiere un plan de acción a siete años (2019-2025) que contempla el aprovechamiento de la información catastral y de las capacidades institucionales a nivel nacional y subnacional, para así lograr la actualización gradual y progresiva de la información del país. En la financiación de la política concurrirán la Nación, los municipios, los departamentos y la cooperación internacional. La política tiene un costo estimado de $ 5,28 billones (constantes del 2019), monto que supera en cerca de $ 2,8 billones el valor estimado en el Documento 3859.