Mediante la Resolución 0005, el Consejo Nacional de Estupefacientes fijó las políticas para la administración del Fondo para la Rehabilitación, Inversión Social y Lucha Contra el Crimen Organizado (Frisco). La norma indica que el administrador del Frisco, se regirá por los principios constitucionales de buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, publicidad, responsabilidad, transparencia y participación que rigen la función administrativa. En cuanto a la destinación de los recursos, agregó que por tratarse de dineros públicos los bienes y recursos que conforman el fondo deben ser administrados con orientación a la satisfacción del interés general y dirigidos especialmente al cumplimiento material y real de los fines establecidos en la ley para dicho fondo. Por otra parte, se define la metodología de la administración y destinaciones específicas previstas en leyes especiales.