Con el propósito de formular políticas públicas, programas y proyectos tendientes a reducir costos en materia regulatoria, así como racionalizar o suprimir trámites que resulten engorrosos o dispendiosos, la Presidencia de la República expidió instrucciones, procurando vincular a los ciudadanos en las etapas de preparación y discusión de las medidas o iniciativas por adoptar. Es así que ordenó a todos los ministros y directores de departamentos administrativos extender invitación a los ciudadanos, gremios de empresarios y comerciantes y organizaciones sociales de su sector para que, en un término máximo de 30 días calendario, remitan la relación de (i) trámites; (ii) normas que consideren en desuso y (iii) normas o trámites de alto impacto sobre los que proponen ajustes, supresiones, modificaciones o sugerencias para convertirlos en electrónicos, de manera que se faciliten las actuaciones de las personas ante las autoridades, se promueva la eficacia y eficiencia de las funciones de la administración. Cumplido el plazo, las entidades dispondrán de 30 días calendario adicional para clasificar la información y plantear las medidas e iniciativas por adoptar.