La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de la comunidad de Patio Bonito (Santander) residente en las inmediaciones del relleno sanitario de Barrancabermeja, pues evidenció que el control ambiental del proyecto no había sido ejercido adecuadamente por las autoridades competentes y tampoco se respetaron las dimensiones de la justicia ambiental (distributiva y participativa) en el trámite de licenciamiento de la obra. En consecuencia, ordenó a la corporación autónoma regional de ese departamento realizar, en seis meses, una valoración de los impactos ambientales y sociales que ha tenido la construcción y operación del relleno sanitario y, con base en ella, revisar los términos en los cuales se concedió la licencia ambiental, determinando si resulta necesario modificar o revocar, total o parcialmente, dicho acto administrativo. Igualmente, requirió a la alcaldía municipal para que garantice el acceso al agua de los residentes en el sector, mientras se amplían las medidas de compensación social establecidas en la licencia, las cuales, como mínimo, deberán garantizar a la escuela y a las viviendas aledañas al proyecto el acceso a agua potable, la recolección de basuras y sistemas de manejo y tratamiento de aguas residuales domésticas (M. P. Luis Guillermo Guerrero).