La Corte Constitucional no tiene conocimiento de que la Registraduría Nacional del Estado Civil haya hecho un concurso público para la provisión de cargos de carrera que en la actualidad son ejercidos en provisionalidad. En este sentido, ordenó a la entidad cumplir con el artículo 3º del Decreto 1014 del 2000, en el término de dos años y seis meses. Según la sentencia, en este tiempo la Registraduría deberá iniciar y terminar el mencionado concurso. El alto tribunal recomendó que para la realización se designe a terceras instancias que cuenten con las herramientas técnicas y el personal adecuado para ese efecto, como la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), sin perjuicio de los términos y condiciones generales que se establezcan para su diseño y desarrollo (M. P. Jorge Ignacio Pretelt).