La responsabilidad estatal por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia se puede configurar cuando se produce un daño antijurídico proveniente de un trámite eminentemente administrativo, recordó el Consejo de Estado. En sentencia dada a conocer recientemente, el alto tribunal declaró administrativamente responsable a la Nación -Fiscalía General, por los perjuicios causados por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, que posibilitó la pérdida de bienes muebles de un establecimiento comercial de la ciudad de Popayán, cuando este estaba cerrado y sellado por orden de la Fiscalía. Según la Sección Tercera, no se llevó oportunamente el oficio firmado por el fiscal especializado al comando del Departamento de Policía Cauca, para que brindara seguridad al establecimiento mercantil objeto de sellamiento y esto acarreó la pérdida de los bienes del lugar (M. P. Hernán Andrade Rincón).