La entidad que convoca a un concurso de méritos debe respetar las reglas que ella misma diseña, porque lo contrario rompe con el principio de confianza legítima y atenta contra la buena fe de los participantes. Así lo señaló el Consejo de Estado al resolver la acción de nulidad electoral contra el decreto en que se designó a un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública para un periodo de cuatro años, estando previamente definido en el Decreto 691 del 2010 y la convocatoria realizada por el Ministerio de Comercio que esa designación iba hasta el 31 de diciembre del 2013. La Sala consideró que el propósito del Ejecutivo de fijar un límite para el ejercicio de funciones hasta tal fecha obedeció a la reorganización de la entidad, para que con posterioridad los cargos se desempeñen por funcionarios designados para periodos de cuatro años (C.P. Susana Buitrago Valencia).