La Corte Constitucional precisó que las entidades encargadas de reconocer subsidios o incentivos que cumplan una finalidad educativa vulneran los derechos al debido proceso y la educación cuando: (i) rechazan el acceso a un incentivo educativo exigiendo requisitos fijados en forma unilateral que no fueron conocidos previamente por quien aspira a ser favorecido con el mencionado beneficio; (ii) suspenden un auxilio económico para educación, adquirido en debida forma y que se venía recibiendo por cumplir con requisitos establecidos con antelación y (iii) suprimen la posibilidad de que los aspirantes puedan aportar o controvertir pruebas para desvirtuar información desactualizada que conste en bases de datos consultadas por la entidad encargada de reconocer dicho subsidio o para desvirtuar cualquier otra circunstancia que no se hubiese tenido en cuenta e, igualmente, restrinja el acceso al incentivo educativo (M. P. María Victoria Calle).