La Corte Constitucional indicó que el servicio de educación, como derecho fundamental, debe ser garantizado a todos los habitantes del país, en mayor medida si se trata de niños y niñas que se encuentran en zonas rurales o apartadas de las cabeceras municipales. De igual forma, advirtió que el Estado, a través de las gobernaciones, debe disponer de centros educativos y dotarlos de elementos mínimos para la prestación del servicio, así como nombrar docentes idóneos para atender la demanda educativa en forma continua (M.P. Jorge Ignacio Pretelt Chaljub).