A través de un decreto reglamentario, el Gobierno ajustó los procedimientos y normativas relacionadas con la protección del patrimonio arqueológico y define un régimen legal y jurídico para garantizar la identidad cultural y territorial de la Nación. Los cambios buscan centralizar la gestión en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) al nombrarlo como única autoridad competente para aplicar el nuevo régimen de manejo patrimonial. Así mismo, en la norma quedó establecido que las entidades territoriales están obligadas a adoptar las medidas necesarias para contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico situado en su territorio. En caso de existir planes de manejo arqueológico aprobados por el Lcanh, se deberán acoger las nuevas medidas. El decreto también señala el registro y tenencia del patrimonio arqueológico y hace explícita la propiedad de la Nación sobre los mismos. Incluso hace la claridad que los patrimonios culturales de las comunidades étnicas también son inalienables, imprescriptibles e inembargables.