Esta es una de las propuestas de un proyecto de ley que modificaría la Ley 982 del 2005 y la Ley 1618 del 2013, en aras de garantizar la efectividad y la adaptabilidad de la comunidad sordociega en los programas de educación superior del país, así como incentivar el apoyo a dicha población a través de la promoción de créditos educativos condonables. Así, sería obligación del Estado garantizar y proveer la ayuda de intérpretes y guías idóneos para que sea este un medio a través del cual las personas sordas y sordociegas puedan acceder a todos los servicios, como cualquier ciudadano. Para el cumplimiento de estos fines, el Estado celebrará convenios con asociaciones de intérpretes y asociaciones de sordos que garanticen la presencia de intérpretes y guías intérpretes. Sería el Ministerio de Educación el encargado de suscribir los convenios y garantizar de manera oportuna, previo al inicio de cada periodo académico, los intérpretes a cada estudiante, conforme con la información suministrada por las instituciones de educación a las cuales se inscriban las personas sordas y sordociegas. La iniciativa también obligaría a las entidades tanto públicas como privadas a que ofrezcan programas de formación y capacitación profesional a esta población. Por último, el Icetex promovería la modalidad de líneas de crédito educativo condonables hasta en un 100 % para los intérpretes de lenguas de señas y guías intérpretes que sirvan a esta comunidad. La iniciativa se encuentra a la espera de ponencia para primer debate.