Frente a una consulta sobre la posibilidad de instalar chips, sim card, dispositivos de control o telefonía celular en vehículos del Gobierno, para el control del parque automotor, medir el desempeño laboral de los conductores, usar como medios de prueba en investigaciones disciplinarias, administrativas o penales, el Departamento Administrativo de la Función Pública indicó que no existe normativa que regule el procedimiento de permisos o licencias que deben tramitarse para el efecto, por lo que es un control administrativo que puede ser adoptado por cada entidad dependiendo de las necesidades y lo que pretenda controlar, siempre y cuando no implique la vulneración de derechos. No obstante, precisó que no sería procedente en lo que se refiere a la evaluación de desempeño y calificación de servicios, cuyos parámetros ya están establecidos sobre un juicio objetivo de conducta laboral y cumplimiento de metas. En cuanto a las investigaciones, señaló que corresponde a cada servidor encargado de adelantarlas estimar la procedencia y valoración de la prueba. En todo caso, advirtió, la decisión de implementación debe comunicarse, para no vulnerar el derecho a la privacidad e intimidad de las personas.