En su calidad de Procurador Delegado para Asuntos Ambientales de Santa Marta (Magdalena), un ciudadano demandó ante la Corte Constitucional algunos artículos de la Ley 62 de 1937, por medio de la cual se decreta la construcción de varias obras de utilidad pública en Cartagena. En efecto, la demanda argumenta que como estas normas no previeron la intervención de la autoridad ambiental para la realización de las obras, son contrarias al espíritu y mandatos de la Constitución de 1991. Además, al disponer la eventual enajenación de unos predios de uso público se desconoce que estos bienes se encuentran fuera del comercio, ya que están destinados al uso común y no a satisfacer el interés particular. Así las cosas, solicita su inexequibilidad o constitucionalidad condicionada (demandante: Gilberto Augusto Blanco).