La Corte Constitucional admitió una demanda contra la Ley 84 de 1989, por medio de la cual se adopta el Estatuto Nacional de Protección Animal y se crean contravenciones, particularmente frente a la expresión ‘caza deportiva’. La norma exceptúa de la aplicación de sanciones cuando la caza se refiere a determinadas especies salvajes. Estima el demandante que la jurisprudencia constitucional tiene una clara línea de protección ambiental y animal, por lo que dicha disposición implicaría una regresión en materia de derechos que debe ser corregida por la corporación. Por lo tanto, solicita su declaratoria de inexequibilidad (demandante: Andrés Felipe Adarme).