La Sección Segunda del Consejo de Estado precisó que el Inspector General de la Policía Nacional es el juez natural para investigar el cohecho ocurrido en esa institución. Para la corporación, en estos casos la competencia no la definen factores como la calidad del sujeto disciplinable, territorial o funcional, sino la naturaleza del hecho. En efecto, advirtió que el comportamiento de pagar una suma de dinero para obtener un traslado se erige en una actuación que afecta gravemente la moralidad, el buen nombre de la institución y altera la disciplina de los policiales. Por consiguiente, no es viable buscar la nulidad del acto administrativo expedido por el inspector general que, en primera instancia, sanciona y ordena la destitución del sujeto activo de este comportamiento (C. P. César Palomino).