Un día antes de vencerse el año de plazo que tenían los organismos autorizados para realizar actividades de inteligencia y contrainteligencia (FF MM, Policía, DAS y UIAF) para poner a funcionar sus respectivos centros de protección de datos, término otorgado por el Decreto 3600 del 2009, reglamentario de la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia (Ley 1288/09), el Gobierno expidió el Decreto 3475 del 2010, que amplía ese plazo hasta diciembre del próximo año. Según esa normativa, tales centros garantizarán que los procesos de recolección, almacenamiento, producción y difusión de dicha información estén enmarcados en la Constitución y la ley y, en particular, que la misma no será discriminada por razones de género, raza, origen, lengua, religión, opinión política o filosófica, pertenencia a una organización sindical, social o de derechos humanos o para promover los intereses de cualquier partido político.