La Sección Tercera del Consejo de Estado condenó a la Nación por los daños que sufrió una indígena de la comunidad de Guayabero al manipular una granada abandonada en un polígono de entrenamiento de las Fuerzas Militares, ubicado en San José del Guaviare (Guaviare), cerca del resguardo referido. A esta decisión llegó el alto tribunal luego de verificar que el Ejército Nacional atendió deficientemente varios deberes constitucionales, legales y convencionales y, por ende, incurrió en omisiones que configuraron una falla del servicio. Justamente, sostuvo que las tropas estaban obligadas a aislar la zona en la que se asentaban y realizaban entrenamientos, sobre todo si estos implicaban el uso de armas y/o explosivos, así como a revisar el predio y recoger y/o destruir con prontitud los elementos bélicos fallidos o no usados que permanecieran allí luego de los ejercicios, tal y como lo imponen las reglas de derecho internacional humanitario (C. P. Jaime Enrique Rodríguez).