El Tribunal Administrativo del Quindío declaró la invalidez del Acuerdo 1° del 2019 del Concejo de Salento, mediante el cual se adoptaron medidas para la defensa del patrimonio ecológico y cultural del municipio. Para el órgano colegiado, la entidad territorial no era competente para prohibir el desarrollo de actividades mineras dentro de jurisdicción, según el desarrollo jurisprudencial reciente de la Corte Constitucional. En ese orden, en los términos de dicho fallo, lo que se contempló en el acuerdo acusado fue un veto absoluto, abstracto y general de explotación minera, situación que debe ser decidida en concurrencia por la Nación y los territorios (M. P. Luis Javier Rosero).