Recientemente, la Corte Constitucional admitió una acción pública de inconstitucionalidad en contra del artículo 15 de la Ley 1864 del 2017, en el que se estableció como delito contra los mecanismos de participación democrática la violación del tope de gastos en la campaña electoral. Por su parte, el tribunal constitucional se declaró inhibido para realizar el juicio de constitucionalidad, pues el accionante no presentó argumentos ciertos, específicos y suficientes para ello; igualmente, recordó que las leyes penales pueden aprobarse mediante el procedimiento ordinario, siempre que no regulen a cabalidad el disfrute de la libertad de las personas (M. P. José Reyes).