Tanto la drogadicción como la bulimia, que es un trastorno alimenticio, son afecciones que impactan gravemente la salud y que ponen en peligro constante la vida, por lo que requieren de atención y tratamiento no solo inmediato sino además cualificado, específico e idóneo, con el fin de evitar consecuencias o daños irreparables. Así lo señaló la Corte Constitucional al tutelar los derechos a la salud y a la vida de varias personas, una de ellas con problemas de adicción a sustancias alucinógenas y dos mujeres con trastornos del apetito. El alto tribunal explicó, con respecto a este último caso, que la bulimia es una enfermedad grave que no solo requiere de una oportuna atención psicoterapéutica, sino además de tratamientos físicos y biológicos especializados, pues puede terminar en la muerte o en la realización de consecuencias físicas y psicológicas que impiden el transcurso de una vida digna. Reiteró que la atención médica que deben prestar las EPS debe ser integral y completa. Además, exhortó al Ministerio de la Protección Social para que tengan en cuenta el vacío que se presenta frente al diagnóstico y tratamiento de los desórdenes alimenticios (M. P. Juan Carlos Henao).