La Sala Plena de la Corte Constitucional acaba de decretar la nulidad de la Sentencia T-121 del 2017, en la cual se ordenaba al Alcalde de Bogotá continuar con los trámites necesarios para la materialización de un mecanismo de participación popular que pudiera definir la continuidad de las corridas de toros en la capital colombiana. Vale recordar que esta tutela también había revocado las decisiones de instancia (en primera instancia por la Sección Quinta y en segunda instancia por la Sección Primera del Consejo de Estado). Según el concepto de la Sala, el pronunciamiento judicial desconoció el precedente de cosa juzgada (Sentencia C-041 del 2017) y, por esa razón, concluyó que la competencia en esta materia le corresponde exclusivamente al legislador. En este orden de ideas, el ponente del incidente de nulidad, el magistrado Carlos Bernal, deberá rehacer una nueva providencia.