Control político por la crisis financiera de Tigo Colombia

La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes citó a control político al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, y al gerente de EPM, Jorge Carrillo, para que informen sobre la crisis de la empresa de telecomunicaciones Tigo–Une, el enfrentamiento que sostienen con Millicom y la eventual suspensión de los servicios que presta el operador en todo el país.

“Esto puede ser de tal gravedad que ponga en riesgo servicios esenciales, es decir, la suspensión de los servicios que presta Tigo y no solo se trata de telecomunicaciones, sino de la operación del Metro de Medellín, de los sistemas de seguridad de la ciudad e incluso de algunos hospitales que funcionan gracias a la tecnología suministrada por Tigo”, advirtió el alcalde Daniel Quintero, quien agregó que se puede llegar a un escenario insalvable de liquidación “en cualquier momento, es decir esta semana o la próxima o la siguiente”.

Por su parte, el ministro de las TIC, Mauricio Lizcano, notificó que el plazo para buscar una solución definitiva vence el próximo 11 de octubre. “No están quedando muchas opciones, casi que solo quedaría un camino, el de la reorganización empresarial, que es la aplicación de la Ley 1116 o como lo llaman algunos aplicar el capítulo 11, lo que evita el cese de operaciones y permite salvar los empleos”, explicó.

Carrillo relató que desde 2014, y a través de un negocio de 150 millones de dólares, el Grupo Milicom se hizo al 50 % de acciones de UNE-EPM Telecomunicaciones, conocida también como Tigo. “Los últimos tres años han sido dramáticos”, sentenció Carrillo al evidenciar una complicada situación de iliquidez y de pérdida de patrimonio real.

El senador citante, Alex Flórez (Pacto Histórico), solicitó la apertura de manera inmediata de una investigación disciplinaria contra el gerente de la empresa Tigo-Une por un eventual detrimento patrimonial. “Esta empresa estaría a punto de declararse en quiebra, perdiendo el patrimonio público y poniendo en riesgo el servicio a más de 15 millones de colombianos. Miles de trabajadores podrían perder sus empleos”.

Al debate no asistieron los representantes del grupo Milicom, accionista de Tigo-Une, que presta los servicios de internet, telefonía fija y telefonía móvil a más de 15 millones de usuarios.

El presidente de la Comisión Sexta, senador Gustavo Moreno, lanzó un llamado de alerta porque se trata de una situación que afecta a todo el país y no solamente a los medellinenses o a los antioqueños. Los legisladores de esta comisión harán seguimiento a este caso, por tratarse de un asunto de interés nacional.

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