En cuanto a la responsabilidad del Estado por omisión, la Sección Tercera del Consejo de Estado reiteró que el control del transporte informal es una obligación de medio y no supone la garantía de un resultado, debido a la magnitud del problema. Sin embargo, la obligación de medio genera el deber de la administración de atenuar y solucionar esa situación, pues de lo contrario existe responsabilidad patrimonial de su parte, aclaró el alto tribunal (C.P. Ruth Stella Correa).