Las contralorías tienen la capacidad normativa para dictar las reglas del proceso coactivo, acomodado en particular a la Ley 1066 del 2006, que ordena a los organismos públicos, incluidas las entidades territoriales, seguir los lineamientos del Estatuto Tributario para hacer efectivas las obligaciones a su favor, indicó la Contraloría General de la República, en concepto de junio. En esta etapa, proceden los acuerdos de pago, mas no la condonación de intereses, precisó la entidad.