Un crédito de US $ 10 millones que contrató el Gobierno con el BID tendrá una fiscalización especial por parte de la Contraloría General de la República. Los dineros del empréstito serán usados para la política nacional de seguridad vial, pero, según el ente de control, el costo del servicio de la deuda constituiría un gasto ineficaz, innecesario e inoportuno, entre otras razones porque con la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial hay una nueva estructura institucional y técnica. La Contraloría espera verificar la adecuada destinación, administración y manejo de los recursos públicos involucrados.