Tras declararse inhibida la Corte Constitucional para conocer la acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 22 de la Ley 24 de 1992, 26 de la Ley 941 del 2005 y 17 del Decreto 25 del 2014, la normativa que establece que los defensores públicos serán contratados mediante contrato de prestación de servicios continúa vigente. Así, la Corte consideró que no le asistía razón al accionante, quien en la demanda argumentó que dichos funcionarios deben ingresar a la administración pública como servidores de carrera administrativa, pues no se logró suscitar duda sobre la validez constitucional de las disposiciones acusadas (M. P. Fernando Reyes).