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Uruguay reglamenta ley de voluntad anticipada para rechazar tratamientos médicos

18 de Diciembre de 2013

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Toda persona mayor de edad y psíquicamente apta, en forma voluntaria, consciente y libre, tendrá derecho a oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos médicos en Uruguay, salvo que, con ello, afecte o pueda afectar la salud de terceros.

 

Así lo señala la reglamentación de la ley de voluntad anticipada, también conocida como “Ley del buen morir”, que había sido sancionada por el parlamento uruguayo en el 2009.

 

De acuerdo con esta norma, las personas podrán expresar anticipadamente su voluntad de oponerse a la aplicación de tratamientos y procedimientos que prolonguen su vida en detrimento de su calidad, si están enfermas de una patología terminal, incurable e irreversible.

 

Esa manifestación de voluntad tendrá plena eficacia, aunque, posteriormente, el paciente se encuentre en estado de incapacidad legal o natural. En todo caso, no implicará una oposición a recibir los cuidados paliativos que correspondan.

 

Si la persona está inconsciente y no ha señalado cómo quiere ser tratada en el último periodo de su vida, la decisión de suspender los tratamientos o procedimientos será del cónyuge o compañero permanente o, en su defecto, de los familiares en primer grado de consanguinidad.

 

La norma obliga a las instituciones médicas a regirse por ella, e impone reglas que reducen el margen para que los médicos se abstengan de aplicarla alegando objeción de conciencia. En caso de que esta se acepte, la institución deberá proveer otro médico.

 

Francia debate sobre eutanasia

De otro lado, un informe que defiende la legalización del suicidio asistido reactivó el debate sobre la legalización de la eutanasia en Francia.

 

A pedido del presidente François Hollande, quien durante su campaña prometió una ley que les permita a los enfermos incurables “morir con dignidad”, un grupo de 20 ciudadanos se reunió a puerta cerrada para debatir sobre esa práctica.

 

En sus conclusiones, el grupo abogó por la legalización del suicidio asistido médicamente y de la eutanasia en casos excepcionales o cuando el consentimiento directo del paciente no puede ser recogido.

 

“La posibilidad de suicidarse con asistencia médica constituye, a nuestro entender, un derecho legítimo del paciente en fin de vida y que sufre una patología irreversible. El mismo debe basarse en su consentimiento con plena conciencia”, señala el informe. Los casos excepcionales de eutanasia serían “dejados a la apreciación colegiada de una comisión local”, agrega.

 

Desde el 2005, la ley francesa reconoce el derecho a “dejar morir”, suministrando tratamientos contra el dolor. Sin embargo, la eutanasia activa y el suicidio asistido siguen prohibidos.

 

(Fuentes: La Red21 y EuroPress)

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