La fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda, anunció la apertura de exámenes preliminares en Venezuela y Filipinas, Estados parte del Estatuto de Roma, relacionados con presuntos crímenes cometido en esas naciones.

Para el caso de país vecino, la CPI habla de conductas cometidas desde abril del 2017, relacionadas con la inestabilidad política y las manifestaciones en contra el gobierno de Nicolás Maduro. Se analizará el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado para dispersar y reprimir las protestas y el encarcelamiento de miembros de la oposición y su maltrato. Pero también se investigará el uso de la violencia por parte de los opositores.

En Filipinas se analizarán los crímenes cometidos desde el 1º de julio del 2016, relacionados con la guerra contra las drogas, en la cual han sido asesinadas miles de personas por conflictos entre pandillas, aunque se han denunciado ejecuciones extrajudiciales de la policía.

La CPI tendría competencia sobre crímenes de genocidio y lesa humanidad y crímenes de guerra si fueron cometidos a partir de la fecha en que el Estatuto de Roma entró en vigor en cada Estado; a partir del 1º noviembre del 2011 en Filipinas y a partir del 1º  de julio del 2002 en Venezuela.

El Estatuto de Roma indica que las jurisdicciones nacionales tienen la responsabilidad primordial de investigar y enjuiciar a responsables de crímenes internacionales, por lo que la CPI se contactará con las autoridades de ambos países para evaluar el trabajo adelantado a nivel local.

El examen preliminar no es una investigación, sino un proceso de revisión de la información disponible para determinar si procede una investigación, no hay plazos establecidos por el Estatuto de Roma para su duración.

Actualmente, se llevan a cabo exámenes preliminares sobre las situaciones de Colombia, Gabón, Guinea, Iraq/Reino Unido, Palestina, Nigeria y Ucrania.

En el caso colombiano se indaga, desde junio del 2004, sobre crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra en el contexto del conflicto armado (cometidos por fuerzas del Gobierno, paramilitares y guerrillas) como asesinato, desplazamiento, secuestro, tortura, violencia sexual y ataques a la población.