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Estar afiliado a un plan de medicina prepagada no es argumento suficiente para negar un amparo de pobreza

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Estar afiliado a un plan de medicina prepagada no es argumento suficiente para negar un amparo de pobreza (Bigstock)

El Consejo de Estado resolvió, en sede de impugnación, una acción de tutela en contra de un fallo de un juez administrativo de Santander que había negado el amparo de pobreza a los demandantes dentro de un proceso de reparación directa adelantado en contra de la Policía Nacional.

 

De acuerdo con el togado, los accionantes no cumplían con los requisitos para ser beneficiarios de dicho auxilio, ya que tenían capacidad de pago para sufragar los gastos del proceso.

 

Entre las razones que usó para sustentar esta decisión estaba que los actores contaban con un plan de medicina prepagada. Al respecto, los accionantes controvirtieron la conclusión del juez señalando que dicho plan era modesto, dado que cancelaban solo $ 50 mil pesos al mes y que, en cualquier caso, llevaban tres meses sin poder pagarlo, lo que demostraba su ausencia de capacidad de pago. (Lea: Explican posibilidad de negar amparo de pobreza al pretender un derecho litigioso a título oneroso)

 

La Sala tuteló los derechos de los accionantes al debido proceso y acceso a la administración de justicia al considerar que en la sentencia acusada se había configurado un defecto fáctico. Lo anterior por cuanto el juez administrativo había ignorado un certificado de la EPS en la que se indicaba que los accionantes tenían suspendidos los servicios de salud por inconsistencias en los pagos y también unas declaraciones extraprocesales que acreditarían que los demandantes eran personas de bajos recursos.

 

Igualmente, el alto tribunal indicó que el juzgado había ignorado que los “los actores desempeñan una actividad informal (…) que dan cuenta en gran medida que su situación económica puede llegar a convertirse en un obstáculo para acceder a la administración de justicia, circunstancia que justamente se pretende evitar con el amparo de pobreza”.

 

En este sentido la Corporación reiteró que este auxilio “se trata de un beneficio con el que cuentan quienes, debiendo asumir una carga económica dentro de un proceso, solo puedan hacerlo comprometiendo los recursos destinados para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley deben alimentos”.

 

Por lo anterior, su reconocimiento “constituye una garantía del acceso a la administración de justicia, que permite que quienes carecen de recursos suficientes acudan a un proceso sin que su situación económica sea un impedimento”. (Lea: Precisiones procesales sobre el amparo de pobreza y el desistimiento tácito en acciones populares)

 

La Sala concluyó explicando que “la labor del juez de conocimiento ante el cual se ha solicitado el amparo de pobreza consiste en determinar si el solicitante reúne las condiciones objetivas para su reconocimiento, esto es, (i) que sea solicitada de forma motivada por el directamente interesado y (ii) que esté acreditada la situación socioeconómica que hace necesaria la concesión del amparo”. (C. P. Carlos Enrique Moreno Rubio).

 

Consejo de Estado, Sección Quinta, Sentencia 68001233300020200074301(AC), 12/05/20.

 

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