Desde una perspectiva de género, suspenden a abogada que solicitó absolución de condenado por violencia intrafamiliar

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial aplicó enfoque de género y suspendió por el término de dos meses a una abogada que actuó en contravía de los intereses de quien representaba, pues si bien fue contratada para evitar que la pareja de su cliente terminara en prisión, en un caso de violencia intrafamiliar, omitió la situación de maltrato a la que aquella fue expuesta.

Según el alto tribunal, la cuestionada empleó las vías del Derecho de forma contraria a su finalidad, pues a pesar de actuar como apoderada de víctimas en un proceso penal por violencia intrafamiliar solicitó la absolución del condenado, por lo que el caso fue abordado desde la perspectiva de género.

Los hechos que rodearon la falta disciplinaria involucraron situaciones de violencia ejercidas contra su cliente, una mujer en evidente estado de vulnerabilidad en su ámbito familiar, al ser madre de dos hijos, no contar con un empleo formal y depender económicamente de su compañero permanente.

La mujer denunció a su pareja debido a las agresiones físicas a las que fue sometida, dando origen a un proceso penal, el cual terminó en condena de primera instancia. No obstante, la disciplinada intervino en favor del procesado y no en procura de la integridad de su cliente, claramente amenazada en virtud de las circunstancias que la rodeaban.

Victimización histórica

La Corporación recordó la victimización histórica de las mujeres frente a actos de subordinación, discriminación y sometimiento en ámbitos sociales, económicos o políticos de raigambre patriarcal, que se traducen en situaciones de desigualdad y generan un fenómeno de violencia estructural, cuya erradicación es imperiosa. Por lo tanto, se obliga al operador disciplinario a realizar un análisis crítico del contexto en que ocurren las infracciones.

Igualmente, resaltó la importancia de las víctimas al interior del proceso penal y, en especial, de aquellas mujeres afectadas por el delito de violencia intrafamiliar, enfatizando en cifras preocupantes reportadas por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en los años 2020, con 26.462 casos, y 2021, con 29.609.

Es posible que ocurran casos donde la mujer desconoce sus derechos y opta por retractarse normalizando las formas de agresión. Es en este punto donde, desde una perspectiva ética, cobra vital importancia el papel de los abogados, pues en estrictos rigores de imparcialidad su actuación debe estar siempre orientada a salvaguardar los derechos reales de la persona que representan. 

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