ATENCIÓN: Piden declarar estado de cosas inconstitucional para La Guajira

El Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, solicitó a la Corte Constitucional declarar un nuevo estado de cosas inconstitucional en razón a la crisis que afronta La Guajira y pidió unificar las medidas que tanto el Gobierno como los entes territoriales deben adelantar para superar la afectación de derechos que afronta a diario la comunidad Wayú.

Es importante saber que los estados de cosas inconstitucionales en el país persisten en la situación de la población desplazada (T-025 del 2004) y en el sistema carcelario (T-388 del 2015).

Carrillo advirtió que estas autoridades se desgastan innecesariamente en procura de atender las múltiples decisiones, así como en la preparación de los informes que cada uno de los jueces exige para comprobar el seguimiento sobre su cumplimiento. (Lea: “Las autoridades competentes para postular a los magistrados tienen una enorme responsabilidad”).

Motivo por el cual advirtió que “las medidas implementadas hasta la fecha no están generando el impacto y los resultados esperados para brindar condiciones de seguridad alimentaria, salud, de acceso a agua potable con suficiencia y calidad”.

Y consideró que debe ser la Corte y no una de sus salas de revisión la que asuma este caso y dicte la decisión que corresponde, con el fin de que se adopten unas medidas diferenciales para la protección a corto, mediano y largo plazo del pueblo indígena”.

Vale la pena decir que la problemática humanitaria en esta región persiste, entre otras cosas, por la poca capacidad de respuesta técnica, administrativa y financiera del ente territorial, específicamente en los temas relacionados con la infancia y la adolescencia. (Lea: Defensoría pide importante paso para solucionar estado de cosas inconstitucional en materia carcelaria)

El jefe del Ministerio Público también llamó la atención sobre las demoras en la expedición del Conpes de La Guajira que se anunció a comienzos del año pasado, instrumento que entregaría los lineamientos sobre política de inversión en seguridad alimentaria, salud, educación, acceso al agua, saneamiento básico, fuentes de trabajo y vías de acceso.

Finalmente, requirió al alto tribunal constitucional pronunciarse sobre la vulneración del derecho a la educación de la niñez y la adolescencia del pueblo Wayú, teniendo en cuenta que “no existen las condiciones físicas que permita su disfrute real”.

Procuraduría General de la Nación, Comunicado, Mar. 15/17

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