El Consejo Superior de la Judicatura advirtió que, a la entrada en vigencia de la ley estatutaria que reglamente la reforma al fuero penal militar, su Sala Disciplinaria dejará de tener competencia para dirimir conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la castrense. Esa tarea, dice, será asumida por el nuevo tribunal de garantías penales, creado por el Acto Legislativo 2 del 2012. La corporación recordó que la nueva entidad será integrada por ocho magistrados, cuatro de ellos militares en retiro, según lo dispone el artículo 1º del artículo 116 de la Constitución. Frente al caso concreto, señaló que aunque existiera duda sobre la legalidad de la orden impartida, no pierde competencia la jurisdicción militar, pues no hay pruebas de un acuerdo previo del oficial con los supuestos ejecutores del ilícito, luego la directriz se presume legal y justificada por la presencia en la zona de actores hostiles. La Sala ordenó la ruptura procesal, para que sea el juez militar quien investigue la conducta del oficial a cargo y que la ordinaria continúe conociendo del proceso contra sus subordinados (M. P. Henry Villarraga).