El Consejo de Estado recordó que cuando un funcionario o cualquier persona requiere de protección, por considerar que su vida corre peligro en razón de su cargo o por el desarrollo de sus actividades, las autoridades competentes que conozcan el estado en que se encuentra tienen el deber de brindar la protección adecuada. Por tal razón, la Sección Tercera condenó a la Nación a indemnizar a la familia de un abogado de varias asociaciones sindicales de Medellín, que fue amenazado, sufrió un atentado contra su vida y posteriormente debió salir del país para garantizar su seguridad. Según la sala, no hubo duda de que las entidades demandadas fallaron en su deber de protección y seguridad, pues aunque conocían el peligro al que estaba sometido el demandante, debido a la actividad profesional que ejercía, no desplegaron las actuaciones necesarias para precaver el daño que efectivamente se produjo (C. P. Enrique Gil Botero).