La estrategia se desarrollará acorde con los procesos del sistema de control fiscal participativo, en la modalidad de intervención denominada evaluación concertada. Dicha evaluación se activará por información proveniente de medios de comunicación social y redes sociales que ponga de manifiesto una pre­sunta irregularidad en la gestión fiscal; peticiones de la ciudadanía organizada en las que se evidencien problemáticas aso­ciadas a la gestión de recursos nacionales; comunicaciones de instituciones gremiales, sociales o académicas; así como de organismos internacionales de lucha contra la corrupción; análisis de sistemas de información, bases de datos y datos abiertos a los que ac­ceda o posea la Contraloría; observatorios de políticas públicas, gasto público o cualquier otro sistema de vigi­lancia fiscal; informes de auditoría, actuaciones especiales de control fiscal o estudios secto­riales realizados por la CGR sobre el asunto en cuestión; un número plural de miembros del Congreso o de una corporación pública territorial, en donde se ponga de manifiesto una problemática de gestión pública irresuelta y solicitud realizada por el representante o directivo principal de la entidad ejecutora de recursos. La depuración de la información debe conducir a caracterizar la problemática de gestión pública a resolver. Paralelamente a la identificación de la problemática de gestión pública, se elaborará una matriz de los riesgos a los que podría estar sometido el asunto y el impacto que podría generar su ocurrencia, a juicio del órgano de control. Más detalles de la estrategia adoptada puede consultarlos en el documento adjunto.