La Corte Constitucional encontró fundada la objeción de inconstitucionalidad formulada por el Gobierno al proyecto de ley 140/16S-306/17C. Así, el tribunal constitucional encontró que el régimen salarial y prestacional de los servidores públicos es un tema reservado a iniciativa o aval del Ejecutivo y ello no se había cumplido respecto de las disposiciones objetadas. Por lo tanto, le halló razón al Gobierno sobre la vulneración de los artículo 150 y 154 de la Constitución Política, el desconocimiento de la prohibición de crear regímenes especiales en materia pensional y el principio de sostenibilidad fiscal (M. P. Antonio Lizarazo).